LA TENDENCIA GLOBAL A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS EDUCATIVOS, EL CASO DE COLOMBIA

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<> <> Jefferson Gallego Figueredo Asesor educación – Corporación Viva la Ciudadanía

El pasado viernes 11 el presidente Juan Manuel Santos  junto con la ministra de Educación María Fernanda Campo, presentaron la  propuesta para modificar la Ley  30 que rige a la educación superior desde 1992, haciendo énfasis en que se  trata de una reforma que apunta a la calidad educativa, aunque el grueso de las  propuestas se concentran en ampliar la cobertura para lo cual uno de los  pilares es ampliar la fuente del presupuesto no limitándose al presupuesto  público.
Abriendo el debate sobre la financiación de la educación  superior: alianzas público privadas como fuente de inversión para la  competitividad de las universidades, creación de instituciones de educación  superior con ánimo de lucro, o como plantean los críticos de la propuesta esta  trae de fondo desfinanciación de la educación y creciente mercantilización de  la educación superior.
En palabras de la Ministra de Educación1 la reforma busca:

• Promover  mayor calidad. Vamos a generar las condiciones para que haya una mejor oferta a  través del mejoramiento de la calidad de los programas académicos y la  ampliación de las fuentes de recursos.
• Generar  condiciones para que más colombianos de escasos recursos y población vulnerable  ingresen y se gradúen de la educación superior a través de la ampliación de la oferta  de programas de calidad; la promoción del acceso y la permanencia y el  fortalecimiento de las fuentes de financiación a los estudiantes; flexibilizar  la oferta educativa, y fortalecer la participación regional.
• Adecuar  el sistema de educación superior con la realidad nacional y armonizarlo con las  tendencias regionales e internacionales.
• Y  fortalecer los principios de buen gobierno y transparencia en el sector.         

Para lo cual se plantea un esfuerzo conjunto entre el  Estado y el sector privado, que representa una inversión de $2.4 billones  adicionales para el sector en los próximos 3 años. De esos recursos, el Estado  destinaría $410.000 millones a las instituciones y otros $774.000 millones a  créditos y subsidios para los más necesitados. Previendo además el incremento  por inflación gradual de los recursos del Estado a las instituciones públicas  hasta llegar a un 3 por ciento anual.
Recursos que serán distribuidos con base en el  mejoramiento de la calidad de cada institución, la formación y la productividad  docente; los resultados de investigación y el aumento de cobertura,  especialmente en las regiones.
Ejes que evidencia claramente la tendencia a la apertura  de la educación superior al sector privado bajo la figura de la inversión  privada directa a través de: “alianzas público-privadas y la creación de  instituciones de educación superior (IES) con ánimo de lucro”, lo cual se  refuerza con el financiamiento a la demanda por medio del crédito educativo  ofrecido por el Icetex, en sus diferentes modalidades, y el otorgamiento de  subsidios de sostenimiento para la permanencia de los estudiantes en el  sistema. Dejando por fuera la obligación del Estado de garantizar el derecho a  la educación.
Lo cual evidencia claramente  la privatización del sector público, como lo  plantea: Eduardo Sarmiento “El paso más audaz e improvisado del modelo  neoliberal estuvo representado por el traslado de los servicios sociales al  sector privado.”  Que en esta oportunidad  se nos hace evidente en la presentación de una políticas que buscaba reformar  el sistema educativo universitario para adecuarlo a un proceso de creciente  mercantilización del “servicio educativo”, basado en incrementos en  cobertura, el llamado mejoramiento de la  “calidad”, y la optimización y eficiencia en la gestión de los recursos  asignados.
Y bajo el argumento de los cambios en las condiciones  socioeconómicas, tecnológicas, demográficas y culturales en el país y en el  mundo, luego de 18 años de formulación de la ley 30 de 1992, que no debemos  desconocer, se introduce de manera clara la intencionalidad neoliberal de la  vinculación de la educación al crecimiento macroeconómico, por medio de:

• Adecuación  de los currículos a la formación para el trabajo
• Trasformación  del Estado como garante de un derecho al Estado como prestador de un servicio.
• Generación  de procesos de mercantilización educativa – inversión pública privada, sistemas  mixtos, concesiones, etc.-
• Criterios  de eficiencia en la relación costo/beneficio
• Compra  y venta de materiales educativos, servicios e ideas de política
• Concepción  de la calidad educativa entendida como desempeño exitoso en las pruebas  globales estandarizadas.         

Líneas programáticas que no abordan el problema del  financiamiento de la educación superior pública, ocultando y elevando las  profundas desigualdades generadas por la segmentación educativa, la creciente  privatización y el abandono de políticas de gratuidad y universalización.
Es por ello que no debemos limitarnos a paliativos  insuficientes, sino discutir de fondo el desfinanciamiento crónico de las  universidades públicas, desde una perspectiva de derechos y responsabilidad del  Estado, reconociendo a la educación universitaria y sus estudios como factor de  desarrollo de los pueblos y vía de equidad social.

Edición N° 00247  - Semana del 18 al 24 de Marzo de 2011